
Ley que prohíbe fragmentar contratos del Estado: qué cambia
El Congreso de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 162 de 2026, una iniciativa que busca poner fin a una práctica que ha afectado a cientos de miles de trabajadores vinculados como contratistas del Estado: el fraccionamiento injustificado de los contratos de prestación de servicios.
¿A quién afecta esta reforma?
Según la Contraloría, esta medida impactaría a aproximadamente 501.423 personas que actualmente trabajan mediante contratos de prestación de servicios con entidades estatales. Estos contratistas han enfrentado históricamente interrupciones en el flujo de ingresos debido a que sus empleadores dividen artificialmente un trabajo que podría durar un año en varios contratos cortos con pausas entre ellos.
El problema que busca resolver
La exposición de motivos del proyecto documenta casos concretos: trabajadores que prestan servicios durante 12 meses completos pero reciben remuneración por solo 7 u 8 meses debido a estos intervalos entre vinculaciones. Estas pausas no solo generan incertidumbre financiera, sino que también afectan la continuidad de los procesos en las entidades públicas.
¿Qué prohíbe exactamente la ley?
La iniciativa establece que una entidad pública no podrá celebrar más de un contrato con una misma persona natural cuando coincidan el contratista, el objeto y la necesidad contractual dentro de una única vigencia fiscal. Esto aplica tanto a contratos de prestación de servicios profesionales como de apoyo a la gestión.
Las áreas responsables de preparar los estudios previos deberán proyectar la duración real de cada necesidad contractual utilizando como base el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, evitando así la fragmentación injustificada.
Sanciones para incumplimiento
Los servidores públicos que desconozcan o violen esta prohibición incurrirán en responsabilidad disciplinaria. Conforme al Código General Disciplinario, las sanciones pueden ir desde amonestación hasta remoción o destitución del cargo.
- Cifra clave: Entre 2020 y 2026 se suscribieron 4.706.571 contratos de prestación de servicios por un valor acumulado de $93 billones.
- Próximo paso: El proyecto continuará su trámite reglamentario en el Congreso antes de convertirse en ley.
- Importante: La ley NO modifica la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de servicios ni busca reemplazar empleos públicos formales.
Implicaciones prácticas: Para los trabajadores contratistas, esto significa mayor previsibilidad salarial y menos interrupciones involuntarias en sus ingresos. Para las entidades estatales, implica mejorar la planeación contractual y cumplir una regulación que sanciona la fragmentación artificial. Para las empresas proveedoras del Estado, requiere revisar cómo estructuran sus propuestas y tiempos de ejecución.
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