Política farmacéutica nacional: qué ordena Consejo de Estado
El Consejo de Estado emitió una orden para que el Gobierno formule una nueva política farmacéutica nacional integral que responda a problemas estructurales en el sector medicamentos: control deficiente de precios, desabastecimiento crónico e insuficiencias en inspección y vigilancia de actores en la cadena de producción y comercialización.
¿Por qué el tribunal tomó esta decisión?
La Sección Primera de lo Contencioso Administrativo confirmó una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 12 de diciembre de 2024, que amparó derechos colectivos vinculados a seguridad pública, acceso eficiente a servicios de salud y protección de usuarios. El fallo consideró que varias entidades estatales vulneraron estos derechos: Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, Supersalud, Superintendencia de Industria y Comercio, y Adres.
El argumento central es que la política vigente (Conpes 155 de 2012) expiró en 2021 sin ser reemplazada por un instrumento posterior que abordara integralmente los problemas del sector.
¿Cómo se formulará la nueva política?
Se conformará una mesa de trabajo interinstitucional liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Invima y la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Participarán también:
- Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Adres
- Representantes de industria farmacéutica, mayoristas y distribuidores
- Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS)
- Gestores farmacéuticos, usuarios, pacientes y centros académicos
- Procuraduría General de la Nación
¿Qué contenidos debe incluir la nueva política?
La política deberá contemplar:
- Regulación de precios de medicamentos y dispositivos médicos
- Alternativas para adquisición a menor costo
- Mecanismos de fortalecimiento de información sobre precios, existencias y operaciones comerciales
- Control electrónico de facturación en toda la cadena de comercialización
- Estrategias para enfrentar desabastecimiento
- Financiación, producción, almacenamiento y distribución de medicamentos
- Lineamientos y acciones para atender los problemas identificados
El Consejo de Estado señaló que la política podrá adoptarse mediante actualización del Conpes 155 u otro instrumento jurídico idóneo, según considere el Gobierno.
Implicaciones para empresas y trabajadores
Esta decisión tiene impacto directo en EPS, IPS, trabajadores y afiliados al sistema general de seguridad social en salud. Una política farmacéutica robusta favorecerá:
- Disponibilidad y oportunidad de medicamentos para incapacidades y tratamientos prescritos
- Regulación de costos que reduce presión sobre aportes y copagos
- Mayor transparencia en la cadena de distribución
- Mejor control de operaciones comerciales entre farmacias, mayoristas y prestadores de salud
Las empresas deberán estar atentas a los lineamientos que establezca la nueva política, especialmente respecto a mecanismos de adquisición y regulación de precios que inciden en sus costos de operación en salud ocupacional y prestaciones de bienestar a empleados.
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