Crisis humanitaria en EPS: qué espera Pacientes Colombia
La designación de Ana María Vesga como ministra de Salud marca un punto de quiebre en la política sanitaria colombiana. Vesga, quien presidía la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ahora lidera un sector que, según organizaciones de pacientes, atraviesa una crisis humanitaria.
Desde Pacientes Colombia, su vocero Denis Silva aprovechó la toma de posesión para establecer exigencias claras y realistas al nuevo Ministerio de Salud, centradas en recuperar la confianza y la operatividad del sistema.
Declaratoria de crisis humanitaria: la urgencia inmediata
El primer reclamo es contundente: que el Ministerio declare formalmente la crisis humanitaria en salud desde el 7 de agosto, fecha del inicio del nuevo Gobierno. Esta declaratoria no es simbólica; activaría protocolos de atención prioritaria y movilización de recursos extraordinarios para garantizar servicios médicos esenciales.
Silva enfatizó que la crisis en la atención ya es tangible: retrasos en procedimientos, limitaciones en cobertura de medicamentos y debilitamiento de la capacidad diagnóstica son síntomas de un sistema que requiere intervención urgente.
Independencia ministerial versus intereses de las EPS
Un aspecto sensible de la designación es el perfil de Vesga: su trayectoria en Acemi genera interrogantes sobre su autonomía decisoria. Pacientes Colombia fue explícito: espera que actúe como ministra de todos los colombianos, no como defensora de los intereses empresariales de las aseguradoras.
El Ministerio debe cumplir los autos (sentencias) de la Corte Constitucional sin usar estos recursos para pagar deudas de EPS, sino para financiar adecuadamente el sistema y garantizar el derecho fundamental a la salud.
Reforma de entidades adscritas y futuro de EPS intervenidas
La cartera también enfrenta desafíos institucionales complejos: la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud y entidades adscritas requieren recuperar su capacidad técnica e independencia política.
Particularmente crítico es el futuro de las EPS en intervención, incluida Nueva EPS. Silva pidió cambios en los administradores de estas entidades y un proceso ordenado para definir si se rescatan, fusionan o liquidan.
Financiamiento: 10 billones de pesos en juego
El nuevo Gobierno destinará 10 billones de pesos para reformar el sistema, además de revisar la UPC (Unidad de Pago por Capítación) y la ejecución presupuestal de la Adres. Este monto será decisivo para:
- Garantizar la continuidad de servicios de diagnóstico y tratamiento.
- Pagar oportunamente a proveedores (hospitales, clínicas, laboratorios).
- Mejorar la cobertura en zonas rurales y poblaciones vulnerables.
- Recuperar entidades que dan servicio integral como el Instituto Cancerológico.
- Fortalecer la capacidad de inspección y regulación de la Superintendencia.
Implicaciones para trabajadores y empresas
Para trabajadores en régimen contributivo, estos cambios determinarán si las incapacidades médicas se procesan con agilidad, si los tratamientos prescritos por ARL se autoriza sin demoras y si los servicios de salud cubren diagnósticos complejos.
Para empresas, la estabilidad del sistema de salud y la adecuada financiación de ARL impactan directamente en la retención de talento, los costos de aseguramiento y la capacidad de cumplir con obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
La próxima ministra enfrenta un sistema que, según la diagnosis oficial, requiere más que ajustes: una reconstrucción institucional profunda. El respaldo de Pacientes Colombia será clave, siempre que la independencia prime sobre los intereses sectoriales.
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