Estado Joven: seguridad social y salario para practicantes
La Cámara de Representantes ha iniciado el trámite para reactivar el programa ‘Estado Joven’, una iniciativa legislativa que busca transformar las condiciones laborales y de seguridad social de miles de jóvenes que realizan prácticas profesionales en entidades públicas del país. Este programa, que estuvo activo desde 2016 pero fue suspendido durante el Gobierno anterior, ahora se plantea como una política de Estado permanente.
¿Qué es el programa ‘Estado Joven’ y quiénes se benefician?
El programa está diseñado para garantizar que los practicantes en entidades públicas no vean las prácticas como un gasto personal, sino como una oportunidad laboral remunerada y segura. Según la iniciativa, los jóvenes practicantes accederían a:
- Remuneración a tiempo completo: un salario mínimo mensual ($2.000.000).
- Remuneración a tiempo parcial: medio salario mínimo ($1.000.000).
- Cobertura de seguridad social: pensión, salud y ARL (Administradora de Riesgos Laborales) durante toda la vinculación.
- Reconocimiento de experiencia: las prácticas cuentan como experiencia laboral válida para futuras oportunidades de empleo.
Impacto laboral y económico para jóvenes y empresas públicas
Más allá del ingreso inmediato, el programa busca crear una ruta de permanencia laboral en el sector público. Los jóvenes que realizan prácticas de calidad tendrían incentivos y condiciones para crecer profesionalmente dentro de la entidad, reduciendo la rotación y fortaleciendo la administración pública. Esto genera beneficios para las familias de miles de aprendices que inician su carrera sin experiencia previa.
Entre 2016 y su suspensión, el programa benefició a más de 13.700 jóvenes, lo que evidencia su alcance e impacto en el mercado laboral colombiano.
Estado actual y próximos pasos legislativos
La iniciativa cuenta con respaldo mayoritario en la Cámara de Representantes. Una vez aprobada en este cuerpo colegiado, deberá pasar al Senado para dos debates adicionales antes de convertirse en ley de la República. Se espera que, dado el respaldo actual, avance sin mayores contratiempos en el trámite legislativo.
Para empresas públicas: representa una inversión estructurada en capital humano joven. Para trabajadores: es garantía de que las primeras prácticas profesionales incluirán seguridad social real desde el inicio de la carrera laboral.
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