Derogar Decreto 0581: cambios en tercerización laboral
El Ministerio del Trabajo de Colombia publicó un borrador de decreto que busca eliminar completamente el Decreto 0581 de junio de 2026, normativa que regulaba las sanciones y fiscalización contra la tercerización laboral ilegal en el país. Este movimiento genera cambios importantes en cómo se regulará la intermediación de personal en Colombia.
¿Por qué se propone la derogación?
La cartera laboral argumenta que el Decreto 0581 fijaba topes de multas que excedían los límites permitidos por la ley. Además, reproducía directrices que anteriormente habían sido declaradas nulas por el Consejo de Estado, lo que justificaba su eliminación según la evaluación del Ministerio.
¿Qué protecciones se mantienen?
Aunque se derogue este decreto específico, el Gobierno Nacional enfatizó que la prohibición de tercerización laboral ilegal permanece vigente bajo los parámetros de las leyes ordinarias ya existentes. Esto significa que la protección contra prácticas ilegales no desaparece, sino que se reevaluará bajo el marco legal general.
Reacciones del sector empresarial
Gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET) han celebrado esta apertura al diálogo técnico. Según su presidente ejecutivo, Miguel Pérez García, la iniciativa permite construir una regulación que combata la informalidad laboral sin comprometer la seguridad jurídica de empresas formales ni el empleo flexible que generan miles de puestos de trabajo en el país.
Información clave para empresas y trabajadores
- Plazo de consulta: ciudadanía y actores laborales pueden radicar comentarios hasta el 31 de octubre de 2026.
- Alcance: la propuesta busca mayor claridad en la interpretación de tercerización e intermediación laboral.
- Impacto: cambios en cómo se fiscalizan y sancionan prácticas de contratación indirecta.
- Protección vigente: la prohibición de tercerización ilegal no se elimina, solo se redefine normativamente.
¿Qué implica esto? Trabajadores en sistemas de intermediación laboral y empresas de servicios temporales deben estar atentos a los cambios en la regulación. Es recomendable seguir el proceso de consulta pública y revisar cómo la nueva normativa podría afectar contratos, sanciones y prácticas de empleo flexible en su sector.
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