Acoso laboral: Decreto 1040 amplía protección 2026
El Decreto 1040 de 2026, expedido el 5 de agosto, representa un cambio significativo en la forma en que Colombia enfrenta el acoso laboral, la violencia basada en género y la discriminación en el mundo del trabajo. La norma añade un nuevo capítulo al Decreto 1072 de 2015 e impone obligaciones concretas a empresas e instituciones para ir más allá del cumplimiento documental.
Alcance amplio: del sector formal al informal y espacios digitales
Una de las características más destacadas del Decreto 1040 es su cobertura integral. Se aplica tanto en el sector público como privado, en la economía formal e informal, y de manera crucial, en espacios físicos y virtuales.
La protección abarca no solo al trabajador asalariado tradicional, sino también a personas que trabajan independientemente de su situación contractual, trabajadores por cuenta propia, informales, aprendices, practicantes, voluntarios, personas despedidas y candidatos a un empleo.
La inclusión explícita del entorno digital es especialmente relevante: grupos de mensajería, videollamadas y plataformas colaborativas ahora son considerados espacios laborales donde puede ocurrir acoso o violencia, extendiendo la responsabilidad empresarial a estos canales.
Obligaciones claras para las organizaciones
El decreto impone que cada organización implemente, publique y socialice una política y protocolo de prevención que incluya principios de dignidad humana, igualdad, confidencialidad, equidad de género, no revictimización y debida diligencia.
- Socialización obligatoria: Los trabajadores deben conocer que el protocolo existe y entender cómo activarlo.
- Capacitación anual: La empresa debe ofrecer espacios de formación y actualización en la materia.
- Canales seguros: Cuando una denuncia llega, debe haber procedimientos ágiles y garantías contra represalias.
- Protección durante el proceso: En casos de violencia basada en género, la víctima tiene derecho a no enfrentar al presunto agresor y puede solicitar cambio de área o medidas para evitar interacciones laborales.
De la norma a la cultura preventiva: el verdadero desafío
Aunque el decreto establece requisitos claros, el principal reto radica en convertir estas exigencias en una verdadera cultura de prevención. Un protocolo documentado pero desconocido o temido cumple una función meramente administrativa, no preventiva.
Dado que acoso, violencia y discriminación guardan relación directa con factores de riesgo psicosocial y salud mental, las organizaciones deben ir más allá de la cumplimentación normativa. El indicador real de madurez preventiva no es la cantidad de protocolos, sino la confianza que tiene un trabajador de que puede utilizarlos sin temor cuando los necesita.
Implicación para empresas y trabajadores: Las empresas deben revisar sus políticas antes de finales de 2026, capacitar a líderes y equipos en la prevención, y crear espacios seguros de denuncia. Los trabajadores, por su parte, tienen ahora marcos más sólidos para reportar situaciones, con garantías concretas de protección y no represalia.
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