Trabajo agrícola formal: qué trae la Ley 232 de 2026

Colombia enfrenta una deuda histórica con los trabajadores del sector agrícola. Tras tres décadas de precariedades, el Proyecto de Ley 232 de 2026, radicado el 19 de agosto en la Cámara de Representantes, emerge como un nuevo intento por formalizar y dignificar el empleo rural en el país.

El panorama actual: informalidad extrema en el campo

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el trimestre junio-agosto de 2026, el 83,1% de la población ocupada en zonas rurales se encuentra en la informalidad laboral. Esta cifra refleja una brecha profunda entre las condiciones laborales urbanas y rurales, situación que ha permanecido prácticamente sin cambios desde que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtiera en 1996 sobre las precarias condiciones de asalariados agrícolas en más de 70 países.

Los trabajadores agrícolas colombianos siguen caracterizados por empleos ocasionales, ausencia de protección social y salarios extremadamente bajos, reproduciendo ciclos de pobreza rural.

¿Qué propone la Ley 232 de 2026?

El proyecto busca tres objetivos centrales:

• Crear un contrato agrario formal que establezca derechos y obligaciones entre empleadores y trabajadores del sector.
• Formalizar el jornal agrícola, regulando la compra-venta de trabajo temporal en el campo.
• Establecer protección social mínima para trabajadores que dependan de la venta de su fuerza de trabajo en actividades agrícolas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes.

El reto: regular respetando la heterogeneidad del campo

Un punto crítico para el éxito de esta regulación es reconocer que el sector agrícola colombiano no es homogéneo. Coexisten diferentes modelos de trabajo:

• Campesinos que laboran exclusivamente en sus parcelas propias.
• Trabajadores que venden temporalmente su fuerza de trabajo.
• Pequeños productores que contratan peones en épocas de cosecha y se emplean como asalariados en otros períodos.
• Grandes explotaciones agrícolas con dinámicas de empleo distintas.

Una regulación que no considere esta realidad podría resultar inefectiva o contraproducente, afectando tanto a trabajadores como a empresas del sector.

Implicancias para trabajadores y empleadores

Para trabajadores rurales: Acceso a contratación formal, salarios documentados, y la posibilidad de acceso a sistemas de seguridad social (EPS, pensión, ARL).

Para empleadores agrícolas: Claridad en obligaciones legales, pero también el desafío de incorporar costos formales en operaciones que históricamente han funcionado de manera informal.

El éxito dependerá de que la ley se diseñe considerando tanto la vulnerabilidad de los trabajadores como la capacidad operativa de los distintos tipos de empresas agrícolas en Colombia.

Contenido informativo de Incapacidades.ai (Fuente: La Silla Vacía). No constituye asesoría legal ni médica; para tu caso puntual consulta con un profesional.