Reforma laboral: demandas por reglamentación pendiente
La firma SPL Salgado Abogados y Consultores presentó 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para exigir que las autoridades competentes expidan los decretos reglamentarios necesarios que permitan la aplicación completa de la Ley 2466 de 2025, reforma laboral aprobada en Colombia.
Aunque la reforma laboral ya fue sancionada por el Congreso, existen vacíos procedimentales que impiden su materialización total. Sin los decretos reglamentarios, muchas disposiciones legales no pueden implementarse de manera operativa en las empresas ni los trabajadores pueden ejercer plenamente los derechos que la ley les reconoce.
¿Cuáles son los artículos sin reglamentación?
Las 14 demandas se enfocan en los artículos: 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; y artículo 61 con su respectivo parágrafo. Cada uno de estos contiene mandatos que requieren reglas específicas para ser aplicados efectivamente en el ámbito laboral.
Impacto para empresas y trabajadores
La ausencia de reglamentación genera incertidumbre operativa en ambos lados:
- Para empresas: dificulta la adopción de políticas internas consistentes y el cumplimiento de obligaciones legales sin claridad normativa.
- Para trabajadores: impide el ejercicio pleno de derechos y genera dudas sobre el alcance real de las prestaciones y garantías que ofrece la ley.
- Para el mercado laboral: la falta de reglas precisas frena la confianza y la seguridad jurídica que requieren empleadores y empleados para ejecutar contratos de trabajo.
¿Qué es una acción de cumplimiento?
Es un mecanismo constitucional que permite exigir ante los tribunales que una autoridad estatal cumpla con la expedición de un acto normativo (en este caso, los decretos reglamentarios). El Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluará cada expediente y decidirá si ordena a las entidades competentes expedir la reglamentación.
Implicación práctica: mientras no haya reglamentación, trabajadores y empresas operan con ambigüedad legal. Las decisiones judiciales sobre estos casos pueden forzar al Gobierno a completar el desarrollo normativo de la reforma laboral, dándole certidumbre a quienes aplican la ley en el día a día.
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