Indemnización moratoria: Corte elimina caducidad de 24 meses

La Corte Suprema de Justicia modificó de manera significativa los derechos de los trabajadores respecto a la indemnización moratoria laboral. En sentencia SL913-2026 del 29 de julio de 2026, eliminó una limitación que dejaba sin protección a quienes no demandaban dentro de los primeros 24 meses de atraso en el pago de salarios y prestaciones sociales.

¿Qué es la indemnización moratoria?

Es una compensación económica que el empleador debe pagar al trabajador cuando termina el contrato y no ha pagado a tiempo los salarios o prestaciones sociales adeudados. Se calcula como un día de salario por cada día de retraso, durante un máximo de 24 meses en el caso de trabajadores que devengan más de un salario mínimo.

El cambio de la Corte Suprema

Hasta la sentencia, si el trabajador demandaba después de 24 meses de mora, la jurisprudencia entendía que perdía la compensación de ese período y solo podía reclamar intereses moratorios. Ahora eso ya no sucede. La Corte Suprema determinó que “el paso de esos 24 meses no elimina la indemnización causada en ese primer tramo”, siempre que se compruebe que el empleador debía pagar sin tener razones legales justificadas.

Implicaciones prácticas y monetarias

• Mayor protección: los trabajadores ahora pueden reclamar años después de finalizado el contrato sin perder la indemnización del primer período.
• Montos significativos: la Corte ejemplificó con un trabajador de salario mensual de $2.000.000 que dejó prestaciones sin pagar durante dos años; la indemnización moratoria puede llegar a aproximadamente $48.000.000, más las sumas laborales adeudadas.
• Límite importante: el juez debe revisar si el empleador tuvo “razones serias, atendibles y justificativas” para el incumplimiento. Si existen, la sanción puede no proceder.
• Después de mes 25: transcurrido el segundo año, el trabajador recibe intereses moratorios sobre las sumas pendientes, pero no se acumula la indemnización diaria.

Este cambio jurisprudencial amplía significativamente la protección del trabajador y abre la puerta a reclamaciones que antes estaban automáticamente excluidas por el plazo. Tanto empleados como empresas deben conocer esta nueva interpretación, especialmente en casos de reestructuraciones o despidos con deudas laborales pendientes.

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